Yo, el demandado

Cuando en el 2012 recibo el honor y la encomienda de prologar una obra que ha estremecido la consciencia nacional por la gravedad de los actos delictivos que reveló y que habían ocurrido en el periodo 2006-08, el país ya atravesaba por una real crisis institucional con relación a las prácticas éticas relacionadas con el gobierno del Estado. Transparencia Internacional la definía como un cuadro de “corrupción rampante”.

Ese año el Reporte de Competitividad del Foro Económico Global situaba al país, de 142 evaluados, del puesto 93 en el 2004 al 140 en desviación de fondos públicos, del 101 al 141 en cuanto a favoritismo en las decisiones que tomaban los funcionarios públicos, y del 67 al 107 en cuanto a pagos irregulares y sobornos.
A pesar de los esfuerzos de transparencia en la actual administración, por este mal desempeño anterior estamos catalogados como nación donde coexisten una “cultura de corrupción” y, su contraparte, una “cultura de impunidad” porque no funciona el “sistema de consecuencias” a quienes han cometido actos de prevaricación.
Creciente en las mediciones la toma de consciencia ciudadana sobre la incidencia de la corrupción administrativa en el bienestar de la gente: si los administradores del dinero que todos pagamos se llevan a sus bolsillos una buena parte de los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los más pobres, el Estado no puede cumplir su función esencial de proporcionar los medios para promover el desarrollo humano de forma equitativa.
De vuelta a la aludida obra, cuyo nombre no revelo pero que es de todos conocida porque su autor, el prologuista y el presentador de la misma hemos sido demandados en países extranjeros por alegada difamación, la misma es una acuciosa investigación que, con pruebas documentales incluidas, determinó el “modus operandi”, las responsabilidades institucionales y las repercusiones financieras de uno de los más audaces esquemas de violación constitucional y de sustracción de fondos públicos que conoce la historia nacional.
La obra es la admirablemente bien concebida y expuesta narración sobre cómo la desmedida ambición de individuos que no conciben la acción política como vocación de servicio a los demás, sino como mecanismo de movilidad social y acumulación originaria de capitales que evidencia su enriquecimiento ilícito obtienen, mediante una intrépida operación financiera que también tipifica el delito de lavado de activos, pingües beneficios que le han permitido acumular inconmensurables fortunas personales.
Para usted, amable lector, que quizá no siguió con atención las intríngulis del caso, el mencionado libro le podría parecer el guión de una obra cinematográfica sobre la mafia, en la cual “el malo de la película” y sus secuaces -quienes han cometido un crimen horrendo- se han salido con la suya. Y aquí toca recordar a Lord Acton: “…donde hay una concentración de poder en pocas manos, con demasiada frecuencia hombres con la mentalidad de gánsteres toman el control. La historia ha probado esto”.
Pues este triste pedazo de “historia patria” que cuenta la obra cuyo nombre no menciono por estrictas razones de estrategia legal, también prueba que sólo faltan voluntad política, valor personal y amor a los muchos humildes de nuestro pueblo para frenar la corrupción y la impunidad que los tiene sumidos, históricamente, en la ignorancia y la pobreza.