CONTRA EL SOBORNO Y LA CARRUPCION

Divulgan resolución sobre soborno a funcionarios


SANTO DOMINGO.- Una comisión de la Cámara de Diputados inició la divulgación de una resolución a los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), aprobada a principios de 2007, en la que se pide una investigación sobre el soborno a funcionarios públicos por bancos y empresas de las naciones que conforman esa organización.
El diputado Pelegrín Castillo dijo que la primera visita fue realizada por una comisión de diputados a la sede local del Banco Mundial, institución que ha mostrado gran preocupación por el manejo de los fondos públicos.
En esa visita fue entregada una carta enviada por el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, al presidente del Banco Mundial, señor Paul Wolfowitz, dándole cuenta de la aprobación de la resolución.
La resolución fue aprobada el 17 de enero de 2007 y se pide a la OCDE disponer una amplia investigación acerca del grado de observancia o respeto que sus bancos y empresas han guardado frente a las normas establecidas en la Convención sobre soborno a funcionarios públicos extranjeros en operaciones de comercio exterior.
La comisión que hizo la entrega en la sede del Banco Mundial estuvo integrada por los diputados Castillo, Minou Tavárez Mirabal, José Ricardo Taveras, Angel Acosta, Angel Gomera. Noé Camacho y Remberto Cruz.
Los diputados tienen previsto entregar copia de la resolución en las sedes de todos los organismos internacionales y embajadas acreditadas en el país y en la sede de la OCDE en París, Francia.
Castillo dijo que la resolución aprobada en la Cámara de Diputados no tiene precedentes en América Latina y se busca que sea adoptada por todos los Parlamentos de la región, porque la corrupción internacional ha estimulado la impunidad en los países de la zona.
Entre los considerandos, la resolución establece que “los procesos de globalización, con la consiguiente liberalización del comercio y de las inversiones, han incidido en un incremento apreciable de la corrupción en sus diferentes manifestaciones, adquiriendo un carácter transnacional”.
Además indica que la OCDE auspició en 1997 la firma de una convención para enfrentar el soborno a funcionarios públicos, pero “a pesar de la crucial significación que tiene esta Convención para la constitución de los mercados globales eficientes y transparentes, su puesta en vigencia resulta lenta y deficiente, como lo constata Transparencia Internacional cuando afirma que la gran mayoría de los Estados no han adoptado las providencias para garantizar su cumplimiento efectivo”.
La resolución advierte que “si bien los poderes públicos de la República Dominicana deben esforzarse más por impulsar reformas profundas que eliminen o reduzcan los factores sistémicos que producen corrupción, así como adoptar acciones ejemplarizantes de procesamiento y sanción, dirigidas a combatir o eliminar la impunidad que la protege y estimula, no es menos cierto que en esta materia se requiere de una mayor y más sincera cooperación de las naciones amigas”.