CDP afirma no se ha hecho
justicia por asesinato de Gregorio García Castro por falta opinión de M
Aurelio Henríquez, presidente del CDP, durante una ofrenda floral en la tarja
colocada en el lugar donde fue muerto García Castro, dijo que el caso del
comunicador lleva años estancado en la Suprema Corte de Justicia, a la espera
de un dictamen de parte de la Procuraduría General de la República.
García Castro fue asesinado a balazos el 28 de marzo de 1973, en la calle Mercedes de la Ciudad Colonial, minutos después de haber salido del periódico Última Hora, en donde se desempeñaba como jefe de redacción.
La falta de un dictamen u opinión por parte de la Procuraduría General de la
República ha imposibilitado que la Suprema Corte de Justicia conozca un recurso
de revisión contra la sentencia que confirma el descargo de los acusados.
Desde hace más de cinco años, el expediente se encuentra en la Procuraduría General de la República para fines de opinión o dictamen, lo que ha imposibilitado que la Suprema Corte de Justicia pueda conocerlo.
La familia García Castro presentó un recurso de revisión por ante la Suprema Corte de Justicia, pero el expediente fue enviado a la Procuraduría a los fines de que allí se produjera, como se acostumbra por mandato de la ley, a la emisión de un dictamen u opinión.
Henríquez se quejó de que hasta la fecha, ese dictamen no se haya producido, por lo que pidió a la Suprema Corte de Justicia que se pronuncie sin la opinión de la Procuraduría.
Henríquez pidió al procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, que emita el dictamen de lugar para poner a la Suprema Corte en condición del conocimiento de la causa.
En octubre de 1980 los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que en ese entonces presidía el doctor Néstor Contín Aybar, emitieron una sentencia mediante la cual confirmaron el descargo de los acusados.
La falta del fallo de la SCJ ha imposibilitado que el caso sea llevado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
García Castro fue asesinado a balazos el 28 de marzo de 1973, en la calle Mercedes de la Ciudad Colonial, minutos después de haber salido del periódico Última Hora, en donde se desempeñaba como jefe de redacción.
La falta de un dictamen u opinión por parte de la Procuraduría General de la
República ha imposibilitado que la Suprema Corte de Justicia conozca un recurso
de revisión contra la sentencia que confirma el descargo de los acusados.Desde hace más de cinco años, el expediente se encuentra en la Procuraduría General de la República para fines de opinión o dictamen, lo que ha imposibilitado que la Suprema Corte de Justicia pueda conocerlo.
La familia García Castro presentó un recurso de revisión por ante la Suprema Corte de Justicia, pero el expediente fue enviado a la Procuraduría a los fines de que allí se produjera, como se acostumbra por mandato de la ley, a la emisión de un dictamen u opinión.
Henríquez se quejó de que hasta la fecha, ese dictamen no se haya producido, por lo que pidió a la Suprema Corte de Justicia que se pronuncie sin la opinión de la Procuraduría.
Henríquez pidió al procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, que emita el dictamen de lugar para poner a la Suprema Corte en condición del conocimiento de la causa.
En octubre de 1980 los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que en ese entonces presidía el doctor Néstor Contín Aybar, emitieron una sentencia mediante la cual confirmaron el descargo de los acusados.
La falta del fallo de la SCJ ha imposibilitado que el caso sea llevado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
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