Las piedras en el camino del acuerdo con el FMI‏

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).-  Pese a la drasticidad de las medidas sugeridas en la propuesta de reforma tributaria preparada para el gobierno por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) con el aval del Ministerio de Hacienda, los recursos que se obtendrían en 2013 son apenas el 2 % del producto interno bruto, a todas luces insuficiente para cerrar la brecha del  5 % que representa el actual déficit fiscal. En el apartado “Efecto estimado de las medidas”, página 62, los autores de la propuesta calculan en 31,676 millones de pesos los recursos que las medidas agregarían el año próximo. Sumados 16,446.7 millones de los ingresos propios de instituciones gubernamentales, se obtendrían 48,122.8 millones, muy por debajo de los 110 mil millones en que, calculan numerosos economistas, se situará en diciembre el déficit fiscal. Este bajo impacto inmediato de la reforma plantea serios problemas a la administración del presidente Danilo Medina en sus negociaciones de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.  Roto el anterior en diciembre de 2011 con la expresa intención del gobierno de no tener límites en el gasto durante el período electoral,  Medina y su equipo podrían no encontrar argumentos que convenzan al organismo internacional de que cuentan con márgenes confiables para equilibrar la situación durante el año o dos años que dure el eventual próximo acuerdo. Para este año 2012, el FMI había previsto que el déficit alcanzaría el 1 % del PIB, equivalente a unos 22 mil millones, alrededor de una tercera parte de los 60 mil millones gastados solo en los primeros cinco meses del año para asegurarle el triunfo electoral al Partido de la Liberación Dominicana. Economistas consultados por 7dias.com.do destacan que el poco satisfactorio efecto de las medidas incluidas en la propuesta de la DGII viene a demostrar el que llaman “poco espacio de la economía dominicana para generar nuevos ingresos”, es decir, su rigidez fiscal. Dato que permite plantear la hipótesis, de todas maneras improbable, de que si el FMI acepta para 2013 un déficit del 3 % del PIB, este deberá ser cubierto con deuda, en el mejor de los casos. Si esta salida fallara, al gobierno le quedan dos opciones, según estos economistas: eliminar el subsidio al sector eléctrico, que le aportaría un 1,5 % del PIB, y una drástica reducción del gasto en personal de la administración, eliminar el “barrilito” y reducir la transferencia a los ayuntamientos, lo que le procuraría el 1,5 % restante. Ambas opciones aportarían cerca de 62 mil millones de pesos. Aunque plausibles, y la primera de ellas recomendada de manera consistente por el FMI, estas medidas tienen un costo político que muy probablemente Medina evitará pagar. A mediados del año pasado, cuando todavía no se vislumbraba el rompimiento del acuerdo, el FMI dijo, con ocasión de la quinta y sexta revisiones del “stand by”, que entre diciembre de 2010 y finales de marzo de 2011, los subsidios, especialmente el eléctrico, habían contribuido a deteriorar el resultado fiscal. El 25 de mayo de 2011, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, reconocía que el subsidio eléctrico “enturbiaba” las aludidas revisiones e impedía su aprobación. Seis meses después, el tema se convertía en instrumento político de campaña, cuando el gobierno justificó el rompimiento del acuerdo con su negativa a subir la tarifa eléctrica, condición planteada por el organismo internacional. Se dijo entonces que la propuesta recibida por Leonel Fernández y su equipo económico fue la de incrementar la tarifa en un 18 %. Un poco de historia Un documento publicado el 4 de noviembre de 2011 por 7dias.com.do da cuenta de que el alza tarifaria fue incluida por propio gobierno en la carta de intención de la quinta y sexta revisiones, y suspendida después por consideraciones meramente políticas. Escrito de manera personal por el jefe de misión Alejandro Santos a Héctor Valdez Albizu, Daniel Toribio y Temístocles Montás, el documento en cuestión les recuerda que la adopción por ley de la tarifa técnica y la introducción, también por ley, de un mecanismo de flexibilización de la tarifa eléctrica constituían metas estructurales establecidas por ellos. “En discusiones con Ana Beatriz –dice Santos—, hemos pensado en un plan que podría resolver el tema después de escuchar las restricciones políticas y las preferencias de ustedes, que les quisiéramos compartir. Pensamos que la tarifa técnica se podría introducir en 3 etapas en los siguientes 10 meses (antes de que la administración concluya)”. En una nota a pie de página, Santos escribió lo siguiente: “La meta del déficit corriente del sector eléctrico nunca se ha cumplido desde su introducción en diciembre 2010. El déficit eléctrico a junio 2011 fue 3 veces más alto al programado y existe un alto riesgo que no se cumpla a septiembre 2011 después de una modificación substancial de la meta en julio 2011. La meta de no atrasos a los generadores eléctricos no se ha cumplido en varias ocasiones incluyendo marzo 2011 y entendemos que tampoco se cumplió más recientemente en septiembre 2011. La meta estructural sobre el aumento en los clientes regulares de las EDEs a 2.15 millones a junio 2011 tampoco se ha cumplido (se llegaron a 1.88 millones en agosto, 12 por ciento menos 2 meses después). Las mismas metas a la tarifa técnica y la flexibilización son una readaptación de una meta estructural no cumplida que era la introducción de la tarifa indexada a diciembre 2010 (que es alrededor de 10 por ciento superior a la tarifa técnica). Todas estas metas vienen de una estrategia diseñada y publicada por ustedes mismos, no son metas o condiciones que la misión haya diseñado (ver: http://transparencia.cdeee.gob.do/wfPlanEstrategico.aspx )”. Aunque los presupuestos políticos han cambiado de forma, que no de fondo, desde las alharacas de finales de 2011, el alza de la tarifa eléctrica continúa siendo neurálgica todavía hoy. Lo que se vislumbra en el horizonte de las actuales negociaciones entre el FMI y la República Dominicana es un verdadero pulso que, muy probablemente, y con independencia del resultado, termine con una víctima ajena a los contendores: una población a la que harán pagar los platos rotos de un gasto público desbordado por los intereses políticos.