SANTO DOMINGO (R.
Dominicana).- El supuesto “tinglado mafioso” de las
empresas generadoras de electricidad en contra del Estado dominicano,
parece no tener límites. El expediente acusatorio presentado por el
FONPER contra las dos principales de ellas saca a la luz nuevas empresas
vinculadas al fraude multimillonario. También nuevos nombres de
ejecutivos, nacionales y extranjeros, a los que el Ministerio Público
debe investigar.
La querella contra EGE-Haina vincula de manera directa al consorcio
energético Punta Cana-Macao, S.A. (CEPM), como una de las empresas
favorecidas con la venta de energía a “precios bajísimos”, violando de
manera flagrante lo establecido en la Ley 479-08 sobre Sociedades
Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, habida
cuenta de que el consocio en cuestión forma parte de los socios privados
de la generadora de electricidad.
Así lo expresa el expediente acusatorio en el Artículo 11, cuando dice
que “ entre los años 2008 y 2011, con la oposición expresa del FONPER,
la administración de EGE HAINA vendió energía a una empresa relacionada
con los socios privados de la generadora, llamada Consorcio Energético
Punta Cana Macao, S.A. (CEPM), por valor total de ochenta y nueve
millones ochocientos cuarenta y ocho mil novecientos ocho dólares, sin
haber obtenido la previa aprobación de la Asamblea General Ordinaria”,
como establece la mencionada pieza legislativa.
Esta acción, según los abogados constituidos por el FONPER, “constituye
un acto de apropiación indebida e ilegal de fondos sociales, lo que a su
vez configura el crimen de abuso de confianza. Como prueba de la
vinculación entre EGE HAINA, los inversionistas privados que tienen la
administración del negocio Haina Investment Company, Ltd. y el Consorcio
Energético Punta Cana Macao, S.A., es suficiente con transcribir el
siguiente extracto de la publicación denominada Feller-Rate,
correspondiente al Consorcio Energético Punta Cana Macao, S.A.,
publicado en mayo de 2010”, según el anexo del expediente acusatorio,
No. 16, reporte de la calificadora Feller Rate, copia del cual se
encuentra en los archivos de este periódico.
“La beneficiaria de tan ventajosos precios de venta, en negociaciones
que han tenido un impacto multimillonario en dólares en contra de las
finanzas de EGE HAINA, es nada más y nada menos que la dueña del 44.5
por ciento del capital social de Haina Investment Company, Ltd., la que a
su vez posee el 50 por ciento de las acciones de EGE HAINA”.
Ahí no para la cosa. El expediente sigue explicando que “la relación no
es solo de capital, sino también gerencial, pues los principales
directivos del Consorcio Energético Punta Cana Macao, S.A., son a su
vez, actuales o antiguos directivos de EGE HAINA. Basta con volver a
citar otro fragmento del informe arriba mencionado, para avalar esta
afirmación”.
Esta querella, igual que la de EGE-Itabo, también tiene su lista de
personajes reconocidos que deberían ser investigados por “abuso de
confianza” entre otros actos ilícitos, entre los que menciona a Edgar
Pichardo, dominicano, mayor de edad, provisto de la cédula de identidad y
electoral No. 001-0085036-1, domiciliado y residente en esta ciudad de
Santo Domingo, “por todos los hechos criminales ocurridos entre su
designación como presidente de EGE HAINA, el día 12 de agosto de 2009, y
la fecha de esta querella, sin perjuicio de aquellos que ocurran en lo
adelante”.
Otro de los implicados en el fraude y abuso de confianza contra el
Estado es Rolando González Bunster, ciudadano argentino, mayor de edad,
portador del pasaporte argentino No. 00584814M, domiciliado y residente
en los Estados Unidos y en Santo Domingo, D.N., por los mismos hechos
criminales, al mantenerse como directivo de la sociedad aún en la
actualidad.
El norteamericano Pastor Sanjurjo, mayor de edad, portador del pasaporte
personal No. 046656332, domiciliado y residente en la ciudad de Santo
Domingo, también enfrenta los cargos anteriores, como parte del personal
administrativo de la generadora de electricidad, en donde todavía funge
como administrador, así como toda persona que aunque no haya sido
expresamente indicada en la querella y que de hecho o de derecho hayan
distraído los fondos del Estado, disipando “los fondos sociales”, se
pide investigar como coautores o cómplices del delito antes mencionado.
Tampoco se quedan atrás en el expediente acusatorio los nombres de las
personas que durante el período de la comisión de los supuestos hechos
delictivos objeto de la querella, han ocupado funciones administrativas
en la sociedad, como representantes de los administradores privados.
Entre éstos, encabezando la lista, están Rafael Vélez, Miguel Barletta,
Luis Sanz, Michael Bax, Steve Pearlman, Lucas Misong, Gregory Osadets,
Ira Gingsburg, Roderick Evison, Gabriel Murillo, Ramón Martínez Aponte, y
Marcelo Aicardi, para los cuales el FONPER pide al Ministerio Público
igual tratamiento que para los anteriores.
La firma de abogados Delgado Malagón, representante legal del FONPER, se
acoge al Artículo 408 del Código Penal Dominicano, para solicitar al
Ministerio Público lo siguiente: “Practicar allanamiento a las
instalaciones de EGE HAINA, Haina Investment Company, Ltd. y Consorcio
Energético Punta Cana Macao, S.A. (CEPM), a fin de acceder a información
física y electrónica acerca de los tratos permanentes no autorizados
por los órganos sociales de EGE HAINA con las empresas relacionadas”.
“El monto de dichos tratos y el perjuicio que los mismos han causado al
patrimonio social de EGE HAINA, constituyen actos de disipación del
patrimonio social en beneficio de los socios privados que detentan la
administración. De igual modo, solicitan la documentación que demuestra
que el impuesto sobre la renta que debió pagar Haina Investment Company,
Ltd. por los beneficios obtenidos conforme al contrato de
administración de EGE HAINA, fueron pagados usando fondos pertenecientes
a EGE HAINA”.
En este sentido, le requieren a la Dirección General de Impuestos
Internos (DGII) las constancias de los pagos de impuesto sobre la renta
de Haina Investment Company, Ltd., por concepto de beneficios generados
por el contrato de administración de EGE HAINA, que servirán para
establecer el origen de los fondos con que se hayan liquidado esos
impuestos, entre el año 2000 y la actualidad.
La entidad también pide que se solicite a los bancos comerciales
nacionales y extranjeros depositarios de fondos de EGE HAINA, “a través
de la Superintendencia de Bancos, reproducciones en micro-films de los
cheques y transferencias electrónicas realizadas desde las cuentas de
EGE HAINA hacia las cuentas de las sociedades Haina Investment
Corporation, Ltd, Consorcio Energético Punta Cana Macao, S.A., o de
cualesquiera otras sociedades vinculadas a los administradores privados
del negocio”.
También solicita “la investigación de las cuentas de las personas
nombradas por los socios privados como funcionarios administrativos de
EGE HAINA”. A saber, Edgar Pichardo, Rolando González Bunster y Pastor
Sanjurjo, como principales querellados, y de las personas a investigar,
entre las que mencionan a Rafael Vélez, Miguel Barletta, Luis Sanz,
Michael Bax, Steve Pearlman, Lucas Misong, Gregory Osadets, Ira
Gingsburg, Roderick Evison, Gabriel Murillo, Ramón Martínez Aponte y
Marcelo Aicardi.
Esta reclamación busca que los bancos depositarios de los fondos a
nombre de las personas mencionadas en la querella, emitan las
certificaciones que indiquen a nombre de cuál persona física o jurídica
se encuentran registradas dichas cuentas, y los créditos provenientes de
giros o transferencias realizadas desde cuentas pertenecientes a EGE
HAINA, “e indagando en los registros de dicha sociedad, el concepto de
los pagos anteriormente mencionados”.
De manera categórica, el FONPER, a través de sus representantes legales,
exige la incautación y secuestro de todos los documentos relativos a
las operaciones de venta de energía intervenidas entre EGE HAINA y las
sociedades Haina Investment Corporation, Ltd, Consorcio Energético Punta
Cana Macao, S.A.”.
También pide recabar las informaciones faltantes acerca de los datos
personales y direcciones de las residencias de algunas de las personas
físicas cuya participación en los hechos criminosos se solicita
investigar, vía el sistema de información criminal o cualquier otra base
de datos a disposición del Ministerio Público, ya que la mayoría
aparece con domicilio expreso en la sede de las instalaciones de
EGE-Haina en la torre Acrópolis de la avenida Winston Churchill
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