El
desistimiento, de por si controversial, tiene como condición la entrega
del 55 % de los recursos que produzca la venta de los terrenos a sus
“propietarios” que, consta en el acuerdo, deberán constituir un
fideicomiso mediante la cesión a una entidad fiduciaria de “los derechos
de los que son titulares”.
El
pasado 15 de enero el presidente Danilo Medina otorgó un poder especial
–numerado 7-13— al consultor jurídico César Pina Toribio para que a
nombre y en representación del Estado y del Instituto Agrario Dominicano
suscriba el acuerdo con quienes “poseen derechos registrados” sobre los
terrenos en que se divide la parcela 215-A del Distrito Catastral 3, de
Enriquillo, Pedernales.
En
1997, cuando Jaime Rodríguez Guzmán, exdirector del IAD, Reyna
Margarita Martínez, Rafael Antonio Rodríguez Guzmán, el dirigente
reformista Puro Pichardo Hernández y el comerciante de Pedernales Moisés
Fernando Rodríguez de Marchena fueron detenidos bajo los cargos de
prevaricación, asociación de malhechores y violación de propiedad, la
fallecida abogada Piky Lora, quien instrumentó y documentó el fraude,
aseguró tajante que los terrenos ahora transados por Medina eran
propiedad única del Estado. En la mano tenía para demostrarlo el
certificado expedido por el registrador de títulos de San Cristóbal en
1953.
“En
el Acuerdo Transaccional, las partes pactan y convienen viabilizar un
esquema bajo el amparo de la Ley No. 189-11, del 16 de julio de 2011,
que solucione la litis sobre terreno registrado existente en las
parcelas citadas, y que permita lograr el desarrollo del Polo Turístico
IV Ampliado de la Región Suroeste, liberando dichos inmuebles de las
restricciones u obstáculos legales que pudiesen impedir o limitar la
consecución de estos objetivos”, plantea el poder especial otorgado a
Pina Toribio.
En
los hechos, el acuerdo propuesto reconoce la validez de unos títulos
que los tribunales aún no han decidido, pese a los años transcurridos
desde que estallara el escándalo.
En
su párrafo quinto del poder especial emitido por el presidente Medina,
el Estado y el IAD hacen expresa renuncia a continuar con la demanda
sobre los terrenos y, “en consecuencia, dejan sin ningún valor ni efecto
jurídico dicha demanda” y, asimismo, “las oposiciones al traspaso de
los derechos de propiedad, anotaciones o gravámenes que afecten las
mismas”.
A
cambio, los beneficiados con esta decisión se comprometen a acatar “la
condición sine qua non de que los referidos inmuebles y derechos de
propiedad sobre los mismos sean constituidos en un fideicomiso” del que
el Estado y el IAD serán beneficiarios del 55 % de los beneficios que
ingresen al patrimonio común, “por concepto de indemnización por el
desistimiento a su interés en la referida litis”. El dinero, añade el
documento, será utilizado en “planes de desarrollo y obras de
infraestructura de la Región Suroeste del país (…)”.
La
tasación y administración de los terrenos y la búsqueda de
inversionistas en “el proyecto de desarrollo” que se decida ejecutar en
el lugar, correrá a cargo de la institución fiduciaria elegida por los
“propietarios”.
Un poco de historia
En
1990 desembarcó en Pedernales el médico Moisés Marchena. Venía huyendo
de los Estados Unidos donde habría defraudado al Medicare, caso por el
que fue citado por las autoridades federales. En el país encontró
inmediato respaldo: se alegó que tenía cuentas pendientes con la
justicia dominicana.
En
poco tiempo, Marchena se convirtió en el paternal dueño de Pedernales.
Compró propiedades a diestra y siniestra, levantó edificios, pensionó
ancianos y, en el colmo de su generosidad, instaló un sistema de
televisión por cable gratuito.
Un
artículo publicado por la desaparecida revista Ahora, habla de su
asociación con el entonces senador reformista Antonio Féliz Pérez para
comprar terrenos en Bahía de las Águilas. Muchos fueron “adquiridos” a
nombre de terceros, miembros del Partido Reformista Social Cristiano.
Para
lograr sus propósitos de “desarrollar” turísticamente a Bahía de las
Águilas, gestionaron, aunque sin conseguirlo, sacar las tierras
“compradas” de los dominios del Parque Nacional Jaragua, que es área
protegida.
La tasación y administración de los terrenos y la búsqueda de inversionistas en “el proyecto de desarrollo” que se decida ejecutar en el lugar, correrá a cargo de la institución fiduciaria elegida por los “propietarios”.
Lo
que Marchena y Féliz Pérez no lograron entonces, estuvo a punto de
concretarse durante el gobierno de Hipólito Mejía, que el 23 de febrero
de 2001 emitió el decreto número 273-01 declarando de “utilidad pública
e interés social” los terrenos y playas que van desde la Laguna de
Oviedo hasta la playa de Pedernales para destinarlos al desarrollo
turístico.
Un
reportaje de Panky Corcino publicado en el semanario Clave en marzo de
2009 habla de las numerosas conspiraciones oficiales para sacar a Bahía
de las Águilas de la zona protegida del parque. Cita al respecto que el
proyecto de Ley de Áreas Protegida aprobado durante el gobierno de Mejía
contemplaba inicialmente dejar fuera del Parque Jaragua 53.5 kilómetros
cuadrados de playas, incluyendo Bahía de Las Águilas, y pasarlos a la
categoría de “Área Nacional de Recreo”.
El
13 de agosto de 2004, cuando ya casi tenía los pies fuera de su
despacho, el entonces procurador Víctor Céspedes firmó un “Auto de
desistimiento” que envió al Tribunal de Tierras y ordenó devolver los
originales de los certificados de títulos a los involucrados en el
expediente delictivo.
“A
su llegada a la Procuraduría General en agosto de 2004”, escribe
Corcino, “el actual senador Francisco Domínguez Brito, pidió a la
Suprema revertir la medida de su predecesor, Céspedes Martínez”.
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