SANTO DOMINGO (R.
Dominicana).- El Programa Nacional de Alfabetización “Quisqueya aprende
contigo” comienza este lunes como la única iniciativa del gobierno del
presidente Danilo Medina, que no adolece del más mínimo rechazo, pero sí
surge con las angustias que le imponen las debilidades institucionales y
la presión propia de la tradición politiquera y clientelista.
Por el momento, no existe sobresalto financiero, pese a la severa crisis
económica que ha puesto en evidencia el mandatario, dado que los
recursos necesarios para la iniciativa, que pretende eliminar la afrenta
de una alta tasa de analfabetismo -850,000 iletrados- están asegurados
presupuestariamente, luego del decreto presidencial 546-12, que declara
de alto interés nacional la alfabetización de las personas de 15 años y
más, y la superación del analfabetismo en todo el país.
El 4 % dispuesto para la educación preuniversitaria y la rápida
erogación de miles de millones de pesos para la construcción y
reparación de escuelas y otras infraestructuras educativas, así lo
confirman.
Sin embargo, las preguntas sin respuestas sobre cuestiones esenciales
para un plan de tal envergadura, que obliga a una gigantesca
movilización y a una minuciosa labor organizativa, administrativa e
institucional sin precedentes, tiene en las metas establecidas y en los
parámetros de la planificación, varias encrucijadas.
La búsqueda de respuestas conducen al despacho de Pedro Luis
Castellanos, director de Programas Especiales de la Presidencia y
coordinador del equipo técnico del Plan, quien admite que “no todos los
cabos están atados, siempre habrá sorpresas, pero hay que confiar en la
capacidad de las instituciones”. En esa lógica, no aventura tasa de
deserción alguna. El propósito es que, en dos años, será alfabetizada la
población iletrada, tolerando que solo quede fuera de la meta el 3 %.
En medio de la euforia, su respuesta es tajante: “Mediante el Plan
Quisqueya Aprende Contigo se espera que en dos años sean alfabetizadas
850,000 personas mayores de 15 años, lo que reduciría la tasa de
analfabetismo a menos de un 3 %, porcentaje exigido por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) para declarar erradicado el analfabetismo en un determinado
territorio o país”.
Y en efecto, Mirian Camilo, directora de Educación de Adultos del
Ministerio de Educación, está confiada en que la ejecución del
denominado Modelo Flexible de Educación Básica de Adultos, con el que
iniciarán la jornada en todo el país, garantiza la permanencia de los
beneficiarios del proyecto, “porque trabajaremos desde una estructura
modular, no escolarizada, y los horarios, lugares y días escogidos para
el aprendizaje lo serán con los propios grupos de apoyo y ajustado a su
conveniencia a partir de sus labores cotidianas”.
El entusiasmo de los funcionarios involucrados en el plan no es
compartido por la maestra María Teresa Cabrera, para quien el tema de la
metodología podría constituir el gran problema para enfrentar la
deserción no contemplada por los promotores del proyecto, en el
entendido de que los adultos aprenden de manera distinta a los niños. Se
pregunta “qué tan interesante resulta para que quienes se integren no
abandonen la experiencia. Hay que hacer de eso un espacio rico, que los
participantes se sientan protagonistas y será importante el nivel de
entrenamiento de los facilitadores y su papel posterior frente a los
iletrados”.
La educadora Mary Cantisano va más lejos en su preocupación por el
problema y destaca la ausencia de un diagnóstico que determine, entre
otras cosas, la población a alfabetizar, así como un plan claro en
términos de contenido para la lecto-escritura.
Aun cuando pondera como positiva la iniciativa, entiende que no queda
claro cómo se manejará, por ejemplo, el contexto geográfico en que se
desarrolla cada ciudadano, así como los responsables de su formación,
que en muchos casos recaerá sobre personas que también necesitan
formarse.
Esa no es una preocupación para Mirian Camilo, pues asegura que
tienen un perfil muy claro al momento de seleccionar a los
alfabetizadores, priorizando a universitarios que han terminado su
carrera y otros de nivel menos avanzado, así como estudiantes de
educación, entre otros grupos.
“Para el entrenamiento se han preparado 583 capacitadores, quienes
prepararán a los alfabetizadores –añade—. Para ello han conformado un
equipo en cada provincia en coordinación con las juntas provinciales y
municipales, en donde han recibido el apoyo de los directores regionales
del Ministerio de Educación, además del de personas diplomadas en
educación y de jóvenes y adultos”.
Tampoco es motivo de preocupación para Pedro Luis Castellanos, quien
dice que la iniciativa no es hija de la espontaneidad. Recuerda que
previamente hubo intercambio de experiencias con organizaciones que han
trabajado en esos procesos, “metodología, materiales usados para
recuperar esas experiencias y luego se trabajó con unas 300 personas
especializadas en educación de adultos para implementar una metodología
psicosocial. Con esos aportes se contactó un equipo técnico que elaboró
el material que se va a utilizar, además del apoyo de la Organización
de Estados Iberoamericanos (OEI), técnicos cubanos y de la UNESCO, entre
otras entidades”.
Igual que Camilo, pone de relieve el perfil de los alfabetizadores, que
según dice fue consensuado con todas las organizaciones involucradas
en el proyecto. Se trata, reitera, de estudiantes y profesionales que de
manera voluntaria dedicarán unas seis horas semanales a la actividad,
mientras que en la zona fronteriza se trabajará de manera coordinada con
el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT),
La Universidad Autónoma de Santo Domingo y organizaciones comunitarias.
Destaca que el entrenamiento se ha realizado en tres fases: un núcleo
central de personas entrenadas en capacitación de adultos –unas 50
personas-, quienes, a su vez, en cada provincia prepararon un equipo a
través de talleres para entrenar a los alfabetizadores.
Recalca que la metodología se aplicará a través del método psicosocial
adaptado a la realidad nacional, y que parte de la problematización de
la vida cotidiana. “El material fue hecho en el país y adecuado a
nuestra realidad, haciendo hincapié en los derechos y deberes de la
ciudadanía y en el problema de la identidad, para terminar en los
proyectos individuales”.
Camilo destaca el uso de manuales con los que han trabajado otras
instituciones vinculadas al sector; a partir de ellos se elaboró un
“texto guía para orientar el aprendizaje”, en el que se ha procurado la
inclusión de temas que tengan sentido para los iletrados. “El texto
cuenta con seis unidades y cada una de ellas tiene cuatro lecciones,
incluyendo las necesidades de la gente, como documentos que los
identifican, pasaporte, cédula, entre otros, así como los temas de medio
ambiente, derecho al trabajo y características del país”.
Lo cierto es que la sensibilización de la población que debe ser
movilizada constituye un reto especial, toda vez que se necesita
desplazar a más de cien mil personas durante todo el proceso, incluyendo
alrededor de 85,000 guías de alfabetización, sus supervisores y
supervisoras, el personal asistente, la estructura burocrática y el
personal de apoyo, especialmente cuando se habla de que es un esfuerzo
voluntario, cubierto solo en sus demandas operativas.
¿Cómo identificar e integrar a los iletrados?
La iniciativa tiene el desafío de la incertidumbre respecto al número
de la población iletrada, su ubicación, sensibilización y motivación.
Sin embargo, tanto Camilo como Castellanos refieren que se tomó como
punto de partida las cifras generales del Censo Nacional de 2010 y las
proyecciones de 2003, así como las informaciones del Sistema Único de
Beneficiarios (SIUBEN), los cuestionados padrones de los partidos
políticos y la base de datos de la Junta Central Electoral.
Y todo estaría muy bien, a no ser porque, en ningún caso, estos
instrumentos fueron elaborados con la orientación específica de
identificar la población iletrada. Más aún, se habla de un plan que
inicia con jóvenes de 15 años, imposibles de ser captados en los datos
de la JCE. Es decir, que como en efecto admiten los propiciadores del
proyecto, no existe un diagnóstico, lo que plantearía serios desafíos
para la localización “in situ” de la población meta del plan.
En ese sentido, Mirian Camilo admite que ante la falta de un diagnóstico
preliminar se apoyarán en los grupos comunitarios que van más allá de
las juntas municipales y el personal del ministerio en cada localidad.
“Esos trabajadores voluntarios, en base a un formulario elaborado,
constatan la situación para hacer una especie de registro de los
iletrados e integrarlos en los núcleos de aprendizaje”. Para ello, dice,
“se irá casa por casa y aunque la cifra que tenemos es de 850,000
analfabetas, nos preparamos para alfabetizar un millón en dos años”.
Como otros consultados, la profesora María Teresa Cabrera considera que
el entrenamiento de alfabetizadores ha sido muy rápido y requerirá
ajustes porque no saber de entrada dónde están los analfabetas plantea
un problema cuya solución requiere tiempo. “En verdad, todo se está
haciendo en un tiempo récord. Al parecer, será sobre la marcha que se
identificará a los iletrados que, aun cuando no están en una lista, se
pueden identificar por las zonas donde hay más concentración de personas
y, por supuesto, pobreza”.
También Castellanos admite la ausencia de un diagnóstico previo para
identificar a los iletrados, pero destaca la colaboración de las
universidades incorporadas al proceso como una cantera importante de
datos, al igual que las organizaciones sociales. Refiere el cruce de las
bases de datos del SIUBEN -personas más pobres-, JCE, datos de los
partidos políticos y organizaciones que hacen trabajos locales en las
comunidades, así como las cifras arrojadas por el último censo como
primer esfuerzo. El segundo elemento que destaca es la utilización de
los estudiantes de liceos en la captación de personas para ser
alfabetizadas como parte de su trabajo social.
El funcionario hace énfasis en la cobertura del programa y con orgullo
expresa que “se trata de un programa con presencia nacional, con una
metodología de descentralización para un proyecto que ya se había
pensado desde hace dos años como parte del programa de gobierno del
actual presidente sobre el sistema educativo, tomando experiencias de
Bolivia, Ecuador, Cuba, Brasil, además del apoyo de organismos
internacionales; es decir, que no es un proyecto improvisado”, aunque a
seguidas admite que “no todo está previsto”.
Lo cierto es que si el programa iniciará este lunes con 6,000 grupos de
iletrados, habrá que suponer la incorporación de cerca de 600 grupos
cada mes durante 24 meses consecutivos para cumplir la meta oficial de
analfabetismo cero en dos años.
¿Cómo se hará el monitoreo a los alfabetizadores?
Los principales directivos de la Junta Nacional Alfabetizadora no tienen
claro el proceso de monitoreo de las personas que realizarán el trabajo
de alfabetización. Ese es un aspecto para el que tampoco tienen
respuesta precisa. Mirian Camilo entiende que, sin que haya nada
preconcebido, “se realizarán encuentros de retroalimentación e
intercambio de experiencias en medio del trabajo que van realizando para
enriquecer la experiencia. De esa forma trataremos de consolidar las
estructuras provinciales, identificando los elementos que deben ser
reforzados, líneas de motivación, ubicación de personas para
alfabetizar, proceso de formación continua”. Es decir, una especie de
“arreglo de la carga en el camino”.
Castellanos grafica la situación: “Iremos como la cebolla, de lo
conocido a lo más complicado. Admito que un núcleo duro de trabajar
serán los discapacitados, pero para ello ya estamos trabajando con
CONADIS, quien diseña un plan para esa población. Otra dificultad son
los adultos mayores, pero nos apoyamos en el Consejo Nacional de
Personas Envejecientes”, pero confía, pese a todo, en una alta
participación.
Otro elemento de preocupación en el proceso es la sobredeterminación en
la conducción directa en los municipios y provincias de actores de las
instancias del poder y no de personal especializado. De hecho, esto pone
frenos a la participación protagonista de las entidades y
organizaciones sociales.
En ese sentido, la profesora Cabrera expresa el temor de que un proceso
que ha sido ponderado y aceptado por todos sea contaminado por el
partidarismo, ya que muchas personas dispuestas a integrarse en la
intención de colaborar podrían no hacerlo por temor de que se
reproduzca en los municipios la actitud de los directores de distritos
escolares que han afectado el sistema educativo nacional.
En este sentido se expresa el sacerdote Mario Serrano, miembro de la
Coalición Educación Digna y directivo del Centro Bonó. Para él es
necesario esperar el desarrollo del programa, el número de involucrados
en la primera fase y sobre todo, que no se politice el proceso.
En esa línea también razona la educadora Mary Cantisano, quien dice que
el hecho de que sean los senadores quienes lideren las juntas en las
provincias potencia la iniciativa como un proyecto político-peledeísta,
obviando los distritos del ministerio a los que había que seleccionar.
Mirian Camilo afirma que se trata de un Proyecto-país que se anima desde
una Junta Nacional de Alfabetización que es diversa y en la que todas
las instancias gubernamentales se han ido integrando, “pero también las
universidades, todas, están integradas en las diferentes provincias,
mientras se han ido conformando juntas provinciales compuestas por los
senadores, regionales de Educación, alcaldes, organizaciones de la
sociedad civil e iglesias”.
Ante esos temores, Castellanos explica que no se trata de un plan
gubernamental sino de un proyecto de composición muy diversa que
funciona como Junta Nacional de Alfabetización.
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