SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Movimiento Cívico Ciudadanos
Contra la Corrupción (C3) exigió a la Suprema Corte de Justicia que
ponga fina a la incertidumbre y a la impunidad y designar un Juez de la
Instrucción Especial que conozca querellas contra el Ing. Félix
Bautista:
También piden al Procurador General de la República, que una vez sea
designado el Juez de la Instrucción Especial, éste dé aquiescencia a las
objeciones que sometieron grupos civiles contra el archivo a las
diversas querellas y denuncias que piden procesar judicialmente al
senador Félix Bautista por los hechos que se le a su administración en
la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Asimismo, la entidad anuncia que someterá a otros funcionarios señalados como corruptos.
En abril del presente año 2012 el Movimiento Cívico Ciudadanos Contra
la Corrupción (C3), tomamos las palabras del entonces candidato
presidencial Danilo Medina Sánchez, quien en una de sus alocuciones a la
nación había declarado que instaba a aquellos ciudadanos/as que tenían
pruebas contra el Ing. Félix Bautista debían querellarse y encausar sus
descontentos ante los tribunales del orden judicial.
Fue entonces cuando procedimos a someter una querella por soborno
transnacional por ante la Suprema Corte de Justicia, ya que el Director
de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) se
había constituido en una retranca en la lucha anticorrupción.
La querella que interpusimos fue remitida por el Presidente de la
Suprema Corte de Justicia a la DPCA, marcando con esto el inicio de una
intención certera de que el caso no fuera investigado y muchos menos
procesado.
Junto con esta demanda otros grupos civiles procedieron a someter otras
querellas y denuncias, por la presunta comisión de delitos contra la
administración pública por parte del Ing. Félix Bautista.
Entre las querellas destacamos la que hizo la Alianza Dominicana Contra
la Corrupción (ADOCCO), que acusa a Félix Bautista de desfalco al
erario, amparando sus acusaciones en las auditorias realizadas por la
Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Cabe destacar que el Ing. Félix Bautista fue sometido a su vez por otros
delitos por la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y el Partido
Revolucionario Dominicano (PRD), quienes aportaron pruebas de diversos
delitos y crímenes, incluyendo el involucramiento del Senador Bautista
en el caso Sun Land.
Como es sabido por todos/as el señor Hotoniel Bonilla García, actual
Director de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción
Administrativa (DPCA), ordenó el archivo de las querellas de manera
irregular y sin ninguna razón jurídica válida, ya que nunca se llevó a
cabo una investigación real del caso.
El señor Bonilla, contrario al procedimiento establecido y lo esperado
por todos/as los/as ciudadanos/as, sólo se limitó a entrevistar al
acusado tomando su palabra como la verdad absoluta, sin exigirle prueba
alguna de sus afirmaciones, cosa que indignó a la ciudadanía en general.
En virtud de la decisión de Hotoniel Bonilla, de negar el derecho a la
justicia del Movimiento Cívico Ciudadanos Contra Corrupción (C3) y a la
Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), es que estas dos
entidades dispusieron, dentro de los plazos legales establecidos en el
Código Procesal Penal, sus respectivas instancias de objeción al archivo
de sus querellas.
Ante estas cuatro acciones legales que acusan directamente a Félix
Bautista de la comisión de varios delitos y crímenes, el Procurador
General de la República, Lic. Francisco Domínguez Brito dispone,
mediante una instancia ante la Suprema Corte de Justicia, que sea
revocado el archivo de las querellas y sea reasumida la investigación de
las acusaciones contra el Ing. Bautista.
Por estos motivos, el Movimiento Cívico Ciudadanos Contra la Corrupción
(C3) exige a la Suprema Corte de Justicia no dilatar los procesos
judiciales, designando de inmediato como ordena el debido proceso, a un
Juez de la Instrucción Especial, para que éste fije audiencia y cite a
las partes querellantes, al querellado y al Ministerio Público, para que
se conozcan las objeciones sometidas contra el archivo irregular de las
querellas.
Pedimos que en esta audiencia pública sobre el caso, el Lic. Francisco
Domínguez Brito como represéntate máximo del Ministerio Publico, y en su
calidad de Superior Jerárquico de la DPCA, proclame la Aquiescencia a
las objeciones presentadas por las partes querellantes, con esto se le
da la oportunidad al nuevo Procurador General de la República de
enmendar los pasos del Ministerio Público en la lucha contra la
corrupción.
Aclaramos que cuando el Movimiento Cívico Ciudadanos Contra la
Corrupción (C3) impugnó el dictamen de archivo definitivo de la
Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa no se
dirigió en su instancia a la Tercera Sala de la Suprema Corte de
Justicia, sino más bien al Presidente y demás Jueces que integran el
Pleno de la Suprema Corte de Justicia, razón por la cual ignoramos a
cuáles sometimientos se refiere el Presidente de la Suprema Corte de
Justicia cuando dice que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia no ha
sido apoderado, sino más bien la tercera sala de dicho alto tribunal el
cual se declaró posteriormente incompetente.
Por este medio anunciamos que en los próximos días presentaremos nuevas
acciones legales contra varios funcionarios, que aparándose en sus
cargos en la Administración Pública buscan obstruir los debidos procesos
judiciales y menoscabar la lucha anticorrupción que libra un sector del
Ministerio Público y la sociedad Dominicana
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