El desafío para 2013
En
2004-05 coordiné el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005, el cual
analizó la inserción dominicana en la globalización, concluyendo que
los problemas de competitividad y de inserción internacional,
socialmente incluyente y tecnológicamente renovada se debían a la falta
de institucionalidad. En efecto:
“Para
el Informe Nacional de Desarrollo Humano la causa principal de la
pobreza dominicana y del bajo desarrollo humano relativo no es la falta
de financiamiento y de recursos económicos, sino el escaso compromiso
con el progreso colectivo del liderazgo nacional político y empresarial
durante las últimas décadas y (…) la falta de empoderamiento de los
sectores mayoritarios de la sociedad dominicana. (…) Esta situación se
ha motorizado por la búsqueda de una rentabilidad económica y dividendos
políticos, ambos de corto plazo, depredadores de las instituciones y
del ambiente, comprometiendo el futuro.”
En
2007-08, dirigí un segundo informe de desarrollo humano, analizando las
condiciones de vida de la gente en sus localidades, llegando a la
conclusión de que el “desarrollo humano era una cuestión de poder”.
Concluyendo que:
“El
nivel de acceso a las oportunidades depende de la zona en la que se
viva, la clase social a la que se pertenezca, el sexo o la capacidad de
incidencia pública que se posea; y no del Estado de derecho.
Históricamente las élites y los partidos políticos han fallado porque no
han podido mejorar la equidad y garantizar el acceso a las
oportunidades de la gran mayoría de la población, entrando en una lógica
perversa: el poder por el poder y la lealtad endogámica. No hay lealtad
con la población, ni con la política de Estado ni con el desarrollo. No
hay razones para suponer que las instituciones políticas y las
relaciones de poder vayan a cambiar de manera espontánea. Si la sociedad
no se organiza, se empodera, se moviliza y reestructura las relaciones
de poder no habrá desarrollo humano, porque el desarrollo humano es una
cuestión de poder”.
En
los años 2008-2010 coordiné un amplio estudio (1,200 páginas y 3 tomos)
de la situación social del país, concluyendo que el nivel de privación
en que vive la población no es porque no existan leyes e instituciones
que protejan a la ciudadanía sino porque no se cumplen.
Hoy,
el sistema político sigue destruyendo la institucionalidad del país. El
sistema de justicia y la política están más corporativizadas que
nunca. El Estado no tiene credibilidad. El “borrón y cuenta nueva”, las
complicidades con el delito y la impunidad son la norma del
oficialismo. Es incontrovertible que la única posibilidad de cambio, de
disfrutar del Estado de derechos y de mejores instituciones está en una
población empoderada que tome las calles con contundencia pero sin
violencia para imponer una sociedad basada en derechos.
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