Sin
lugar a discusión que, primero, la convocatoria a un Consejo de Gobierno ampliado;
segundo la firma del Código de Pautas Éticas, y tercero el plan de austeridad impuesto
muestran un estilo de gobernar el país opuesto al que padecimos los pasados 8
años, caracterizados por una evidente falta de alta gerencia en la
Administración Pública y por el dispendio de los ingresos en gastos orientados
al bienestar de funcionarios “sacrificados” en el servicio al Estado.
Me
inscribo entre quienes piensan que sólo el anuncio de estas medidas es una
fuerte crítica al pasado presidente de la República y a ese alto porcentaje de
funcionarios de su gabinete que, si bien repiten en el del Presidente Medina,
están advertidos de que el director de la orquesta viene con un cambio de
partitura cuya música se bailará al ritmo del ahorro y la integridad en el
manejo del erario, y de coordinación entre las instituciones públicas que lucen
no serán un archipiélago donde cada isla tenía un señor feudal que hacía y
deshacía a su antojo.
En
consonancia con lo expresado en su discurso de toma de posesión, se conoce que
a los incumbentes de los más altos cargos de la República el primer mandatario
le hará entrega de una carpeta contentiva de los objetivos a corto, mediano y
largo plazos que deberá alcanzar al frente de sus respectivas agencias, cuyos
insumos se encuentran en el programa de gobierno, la Estrategia Nacional de
Desarrollo y los planes sociales. De esta forma se llevaría a cabo una gestión
por resultados que facilitaría la evaluación periódica del desempeño de cada
funcionario.
Como
el mismo Presidente Medina ha solicitado al país ser juzgado por hechos
concretos y no por discursos bonitos y buenas intenciones, hemos de asumir que
el funcionario cuyos resultados no se ajusten a la cartilla entregada será
inmediatamente destituido de su cargo, igual sanción que la anunciada a quien
irrespete las pautas éticas y las medidas de ahorro. Se recuerda una ley de
austeridad que quizá se cumplió por unos pocos días y luego pasó a ser letra
muerta como muchas otras normas que deben regir el accionar de quienes manejan
la cosa púbica.
Una
buena muestra son las leyes que regulan las contrataciones de obras, bienes,
servicios y concesiones que, según un estudio de Participación Ciudadana, sólo
se cumplió en un 40% en la administración pasada. En la actual, el Presidente
ha declarado que él personalmente le dará fiel seguimiento al cumplimiento de
esta normativa, lo que de seguro redundará en una mayor eficiencia y menos
malversación de fondos cuando el Estado contrate empresas privadas para
cualquier clase de suministro.
En
un gobierno frugal, ético y orientado a reducir el déficit social que sufre la
nación, algunos sempiternos beneficiarios de la piñata pública dirán que ya no
será un buen negocio ofrecer bienes y servicios al gobierno mediante licitación
pública y a precios de mercado, sin pagar comisiones a funcionarios deshonestos
que hoy exhiben fortunas obscenas. Que cumplir la ley es también parte
importante de lo que nunca se hizo.
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