TAMBIÉN PROCURADURIA ELECTORAL
El magistrado Olivares propone crear oficina para investigar fraudes electorales
Otra propuesta contenida en el documento de reflexión y observación sobre el pasado proceso electoral consiste en normar la reelección presidencial y vice-presidencial.
Otra propuesta contenida en el documento de reflexión y observación sobre el pasado proceso electoral consiste en normar la reelección presidencial y vice-presidencial.
SANTO DOMINGO.- El juez electoral Eddy Olivares propuso la creación de la Oficina Nacional de Investigación de Violaciones Electorales (ONIVE) para establecer un mecanismo que pueda resolver posibles fraudes y cualquier otra violación a las leyes sobre comicios.
En un documento que el magistrado depositó por ante la Junta Central Electoral (JCE) también propone la creación de una Procuraduría Nacional Electoral con categoría constitucional. La ONIVE sería una dependencia de esta procuraduría.
"Esta oficina especializada en investigación estará integrada por un personal altamente calificado y entrenado que debe ser seleccionado por concurso público de oposición”, indicó.
También se encargaría de impedir y castigar el uso de recursos del Estado por parte de partidos y candidatos, la compra de votos, entre otros “crímenes y delitos electorales”.
El juez Eddy Olivares explicó que la creación de la figura de la Procuraduría Nacional Electoral, con su Procurador General Electoral se justicia porque actualmente el Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo.
“Se hace necesario la creación de esta institución que se encargará de la efectiva persecución de los delitos electorales con el auxilio de la Oficina Nacional de Investigación de Violaciones Electorales (ONIVE), con plena autonomía presupuestaria y total independencia de los poderes del Estado, tanto en su elección como en su funcionamiento”, explicó.
Otra propuesta contenida en el documento de reflexión y observación sobre el pasado proceso electoral consiste en normar la reelección presidencial y vice-presidencial.
A juicio del juez Olivares, se debe impulsar una reforma electoral sintonizada con la Constitución, que prohíba durante la campaña electoral la publicidad estatal y privada relacionada con el Gobierno a través de cualesquiera de los medios de comunicación.
Esta prohibición abarcaría también el anuncio e inicio de nuevas obras publicas, las inauguraciones durante la campaña, la creación de planes sociales y la ampliación e integración de nuevos beneficiarios a los planes sociales existentes.
Asimismo, se obligaría al Gobierno a que congele las nóminas públicas, a que prohíba a los secretarios y sub secretarios de Estado y directores y subdirectores generales y sus equivalentes que participen en la campaña, y en caso de que lo quisieran hacer estarían obligados a tomar licencias sin disfrute de sueldos.
“La violación a esta disposición implicará una sanción económica ejemplar contra el partido de gobierno y el sometimiento del funcionario infractor. En ese sentido, la JCE debe velar por el cumplimiento de la Ley 41-08 de Función Pública del 16 de enero del 2008”, explicó el juez Olivares.
Sus propuestas también abarcan el funcionamiento de los partidos, financiamiento fuera de la campaña, durante la precampaña y la campaña.
“Existe una especie de consenso en cuanto a la necesidad de crear una ley de partidos que haga más plural el funcionamiento de los actores fundamentales de la democracia, fortaleciendo su institucionalización, su democracia interna y conduciéndoles a una oportuna rendición de cuentas a la sociedad que financia la mayor parte de sus gasto”, dijo.
Detalló que esta reforma deberá normar los actos internos de los partidos, garantizando el respeto de la voluntad de la mayoría, unificar las primarias y convenciones de todos los partidos en una misma semana que deberá marcar el inicio inmediato de la campaña.
Propone, asimismo, que la precampaña se limite a 1 mes y la campaña a 2 meses, que unidas se harían ambas en un periodo de 3 meses.
“En relación con el financiamiento privado debe regularse estrictamente y adecuarse a la ley de lavado para evitar la utilización de fondos provenientes del narcotráfico y de la prevaricación”, precisó.
En cuanto al financiamiento público, propone que se preserve y se haga más equitativo y justo en base a la votación que obtenga cada partido de manera individual.
“Para fortalecer los partidos e incentivar la democracia interna de ellos debe otorgárseles un financiamiento especial en función de la cantidad de votantes participantes en las primarias. Los partidos que no realicen primarias recibirán el financiamiento normal”, argumentó el juez Eddy Olivares.
En un documento que el magistrado depositó por ante la Junta Central Electoral (JCE) también propone la creación de una Procuraduría Nacional Electoral con categoría constitucional. La ONIVE sería una dependencia de esta procuraduría.
"Esta oficina especializada en investigación estará integrada por un personal altamente calificado y entrenado que debe ser seleccionado por concurso público de oposición”, indicó.
También se encargaría de impedir y castigar el uso de recursos del Estado por parte de partidos y candidatos, la compra de votos, entre otros “crímenes y delitos electorales”.
El juez Eddy Olivares explicó que la creación de la figura de la Procuraduría Nacional Electoral, con su Procurador General Electoral se justicia porque actualmente el Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo.
“Se hace necesario la creación de esta institución que se encargará de la efectiva persecución de los delitos electorales con el auxilio de la Oficina Nacional de Investigación de Violaciones Electorales (ONIVE), con plena autonomía presupuestaria y total independencia de los poderes del Estado, tanto en su elección como en su funcionamiento”, explicó.
Otra propuesta contenida en el documento de reflexión y observación sobre el pasado proceso electoral consiste en normar la reelección presidencial y vice-presidencial.
A juicio del juez Olivares, se debe impulsar una reforma electoral sintonizada con la Constitución, que prohíba durante la campaña electoral la publicidad estatal y privada relacionada con el Gobierno a través de cualesquiera de los medios de comunicación.
Esta prohibición abarcaría también el anuncio e inicio de nuevas obras publicas, las inauguraciones durante la campaña, la creación de planes sociales y la ampliación e integración de nuevos beneficiarios a los planes sociales existentes.
Asimismo, se obligaría al Gobierno a que congele las nóminas públicas, a que prohíba a los secretarios y sub secretarios de Estado y directores y subdirectores generales y sus equivalentes que participen en la campaña, y en caso de que lo quisieran hacer estarían obligados a tomar licencias sin disfrute de sueldos.
“La violación a esta disposición implicará una sanción económica ejemplar contra el partido de gobierno y el sometimiento del funcionario infractor. En ese sentido, la JCE debe velar por el cumplimiento de la Ley 41-08 de Función Pública del 16 de enero del 2008”, explicó el juez Olivares.
Sus propuestas también abarcan el funcionamiento de los partidos, financiamiento fuera de la campaña, durante la precampaña y la campaña.
“Existe una especie de consenso en cuanto a la necesidad de crear una ley de partidos que haga más plural el funcionamiento de los actores fundamentales de la democracia, fortaleciendo su institucionalización, su democracia interna y conduciéndoles a una oportuna rendición de cuentas a la sociedad que financia la mayor parte de sus gasto”, dijo.
Detalló que esta reforma deberá normar los actos internos de los partidos, garantizando el respeto de la voluntad de la mayoría, unificar las primarias y convenciones de todos los partidos en una misma semana que deberá marcar el inicio inmediato de la campaña.
Propone, asimismo, que la precampaña se limite a 1 mes y la campaña a 2 meses, que unidas se harían ambas en un periodo de 3 meses.
“En relación con el financiamiento privado debe regularse estrictamente y adecuarse a la ley de lavado para evitar la utilización de fondos provenientes del narcotráfico y de la prevaricación”, precisó.
En cuanto al financiamiento público, propone que se preserve y se haga más equitativo y justo en base a la votación que obtenga cada partido de manera individual.
“Para fortalecer los partidos e incentivar la democracia interna de ellos debe otorgárseles un financiamiento especial en función de la cantidad de votantes participantes en las primarias. Los partidos que no realicen primarias recibirán el financiamiento normal”, argumentó el juez Eddy Olivares.
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