Cree la JCE no puede defender PE
El doctor Carlos Gabriel García consideró ayer que la Junta Central Electoral no puede asumir la defensa del Gobierno en cuanto a la masiva compra de cédulas que, según dijo, efectuó durante el pasado proceso electoral, para evitar que miles de dominicanos opuestos al proyecto continuista del presidente Leonel Fernández ejercieran su derecho al voto.
El vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano dijo que son insuficientes y poco creíbles las rápidas explicaciones que ofreció el magistrado Roberto Rosario sobre la aparición de un paquete de cédulas en un basurero del barrio Los Ciruelitos, de Santiago.
"Las explicaciones del magistrado Rosario de que esas cédulas pudieron ser quemadas por alguna institución donde por diferentes motivos sus propietarios asistieron para realizar diligencias, pero que olvidaron retirarlas al marcharse, parece un capítulo de un cuento de hadas", dijo el dirigente perredeísta.
García manifestó que la compra de cédulas fue una práctica llevada a cabo por los reeleccionistas “de manera descarada” en todo el territorio nacional, sobre todo en provincias como Santiago, “donde sabían que el candidato presidencial perredeísta contaba con un sólido respaldo”.
Dijo que “todo el mundo sabe que en Santiago el Gobierno, conociendo la precaria situación de su propuesta reeleccionista, instaló un verdadero mercado de compra de la cédula de identidad, focalizando esa cuestionable iniciativa en los centros de votación ubicados en los barrios más empobrecidos”.
Informó que por esa razón la abstención electoral en esa ciudad fue de cerca de un 33%, superior a la de las demás provincias del país.
García manifestó que la compra de cédulas el pasado 16 de mayo será una sombra sobre el proceso democrático del país y sobre la legitimidad del próximo gobierno del doctor Fernández. Recordó que “precisamente la compra masiva de cédulas que se registró en el pasado proceso electoral ha generado serias preocupaciones en diversos sectores de la comunidad política nacional y la sociedad civil, que consideran que esa práctica antidemocrática debe ser considerada un delito”.
Destacó que “nadie puede pretender ocultar el sol con un dedo, porque este Gobierno usó y abusó de los recursos del Estado para imponer la reelección, como lo confirmó la Organización de Estados Americanos y el gobierno de los Estados Unidos”.
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