SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República pidió ayer a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declarar inadmisible los recursos de inconstitucionalidad elevados por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) contra el contrato de préstamo suscrito entre el Gobierno y la empresa Sun Land.
La instancia fue remitida por el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña; por ante la secretaria de la SCJ, Grimilda Acosta de Subero, tribunal que había pedido dictamen en torno a los tres recursos de inconstitucionalidad en contra de los referidos contratos.
En la instancia, el jefe del Ministerio Público pidió que el máximo tribunal del país rechace la acción por improcedente, mal fundada y carente de base legal, bajo el alegado de que los contratos no pueden ser objeto de acciones en nulidad por inconstitucionalidad.
Señala que procede, además, declarar inadmisible la acción de inconstitucionalidad de que se trata, porque el accionante carece de calidad para demandar la nulidad por inconstitucionalidad del contrato de que se trata y sus documentos complementarios.
Sostiene que en las contrataciones contraídas por el Estado, según el contrato objeto de la acción de inconstitucionalidad, no constituye crédito público en los términos de la ley, como tampoco tenían que ser sometidas a la aprobación congresional a que se referie la ley y las disposiciones constitucionales invocadas por el accionante, por lo que dicha acción en inconstitucionalidad debe ser rechazada.
Jiménez Peña expresa que hay una jurisprudencia de una sentencia, que establece que no es admisible la acción en inconsticionalidad por vía directa ante la SCJ, fundamentada en el artículo 46 de la Constitución de la República, contra un contrato.
La instancia fue remitida por el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña; por ante la secretaria de la SCJ, Grimilda Acosta de Subero, tribunal que había pedido dictamen en torno a los tres recursos de inconstitucionalidad en contra de los referidos contratos.
En la instancia, el jefe del Ministerio Público pidió que el máximo tribunal del país rechace la acción por improcedente, mal fundada y carente de base legal, bajo el alegado de que los contratos no pueden ser objeto de acciones en nulidad por inconstitucionalidad.
Señala que procede, además, declarar inadmisible la acción de inconstitucionalidad de que se trata, porque el accionante carece de calidad para demandar la nulidad por inconstitucionalidad del contrato de que se trata y sus documentos complementarios.
Sostiene que en las contrataciones contraídas por el Estado, según el contrato objeto de la acción de inconstitucionalidad, no constituye crédito público en los términos de la ley, como tampoco tenían que ser sometidas a la aprobación congresional a que se referie la ley y las disposiciones constitucionales invocadas por el accionante, por lo que dicha acción en inconstitucionalidad debe ser rechazada.
Jiménez Peña expresa que hay una jurisprudencia de una sentencia, que establece que no es admisible la acción en inconsticionalidad por vía directa ante la SCJ, fundamentada en el artículo 46 de la Constitución de la República, contra un contrato.
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